El colectivo denuncia que un 60% del fondo de financiación directa para las pymes y autónomos sigue sin ser asignado.

Las ayudas directas destinadas a pymes y autónomos y que aún no han sido concedidas, rondan los 5.000 millones de euros, lo que supone un 60% del fondo de financiación previsto. Uno de los motivos principales por el que no han llegado a su destino es son los estrictos requisitos impuestos por el Ministerio de Economía.

El tejido empresarial confía en que durante el mes de septiembre se haya desbloqueado este paquete de financiación que queda pendiente de entregar por el Gobierno central, ya que concluirá la primera convocatoria de solicitud de estas ayudas.

Propuestas para resolver el problema

Con el fin de buscar una solución los empresarios han propuesto a la ministra de Economía, Nadia Calviño, la posibilidad de que puedan ser usados para liquidar las deudas tributarias y los aplazamientos solicitados por pymes y autónomos tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Otra de las opciones presentadas para el desbloqueo pasa por extender la ayuda para devolver aquellos préstamos extrabancarios solicitados por los trabajadores autónomos para reactivar sus negocios, con fecha previa a la aprobación en mayo del fondo de rescate.

Con este panorama sobre la mesa, no se descarta que el Gobierno se plantee la posibilidad de modificar el pliego de condiciones para solicitar las ayudas.

Además, desde las asociaciones de autónomos, quieren destacar que si esas ayudas llegan para liquidar atrasos de los pagos, y ponerse al día con los pagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, eso redundaría en un beneficio para el propio Estado, y por otro lado,

Doble beneficio para el Estado

Uno de los puntos clave de la propuesta que ha hecho llegar UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo al Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está en que si este dinero fuera a parar a la liquidación de atrasos y pagos de los autónomos y pymes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se lograría un doble beneficio. Por un lado, permitiría al Estado recuperar o cobrar parte de estos pagos demorados, y por otro supondría que los afectados podrían volver a solicitar el resto de ayudas públicas, ya que esto es un requisito imprescindible en todas estas solicitudes el hecho de encontrarse al corriente de pago con las administraciones.

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