El Consejo de Ministros aprobó el 13 de octubre dos reglamentos que desarrollan las principales herramientas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Así se especifica en la nueva normativa sobre igualdad salarial que todas las empresas deben contar con un registro salarial para cumplir con el principio de transparencia, del mismo modo que se aclara cómo han de ser las auditorías retributivas –de obligado cumplimiento para las compañías de más de 50 trabajadores– y el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional.

Esta normativa establece además los criterios por los que garantizar “igual retribución por trabajo de igual valor” contra la discriminación indirecta. Los reglamentos son fruto del acuerdo sellado en verano entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT. Las patronales CEOE y Cepyme se desmarcaron alegando que esta regulación era una “cuestión política” y “una reforma laboral encubierta”.

Obligación de las empresas de tener un registro retributivo

El reglamento entrará en vigor en seis meses y precisa que todas “las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos” y deberá incluir “los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo”. Serán accesibles tanto para los representantes de los trabajadores como para los empleados. Sobre las auditorías salariales, establecidas por ley en el 2019, fija un plazo para realizarlas, en función del tamaño. Las empresas de más de 150 trabajadores, que ya han de contar con un plan de igualdad, deben adaptar su auditoría en seis meses, mientras que las de entre 149 a 100 empleados han de comenzar a acometerla antes del próximo marzo y los negocios de 99 a 50, antes de marzo del 2022. La auditoría salarial debe estar incluida en los planes de igualdad, ya que aporta un diagnóstico de la situación retributiva en la empresa y ha de ir acompañada posteriormente de un plan de actuación para corregir posibles desigualdades en el salario de hombres y mujeres.

La norma, impulsada por los ministerios de Yolanda Díaz (Trabajo) e Irene Montero (Igualdad), señala además que “la información retributiva o la ausencia de la misma derivada de la aplicación de este real decreto, y en la medida en que se den los presupuestos necesarios previstos en la legislación vigente, podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas”.

Planes de igualdad

También se da luz verde a una nueva regulación sobre los planes de igualdad, detallando el contenido mínimo que ha de tener, el diagnóstico que ha de hacer, así como su vigencia, que no puede superar los cuatro años.

Esta regulación entrará en vigor dentro de tres meses. Según el reglamento, las empresas deberán tener “negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año”.

El BOCM de 14 de octubre ha publicado la Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas por la COVID-19. De esta forma, la Orden establece que la dotación presupuestaria asciende a 30.000.000 euros y también determina que el plazo de presentación de solicitudes en el presente ejercicio permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2020. Le recordamos que estas ayudas deberán solicitarse a través del Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid.

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