Los órganos de dirección de la patronal y de los principales sindicatos han ratificado su decisión según la cual, los ERTE diseñados por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo, se prorrogarán hasta el próximo 30 de junio.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor son una de las herramientas puestas a disposición de las empresas por parte del Ejecutivo para hacer frente a los problemas surgidos a raíz de la crisis del COVID-19, cuya vigencia se prorrogará, acompañada de las correspondientes protección por desempleo y la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social, hasta el próximo 30 de junio. Desde el Ejecutivo entienden que esta medida servirá para proteger a grandes y pequeñas empresas, autónomos, trabajadores y a la economía del país.

“Se trata de un acuerdo equilibrado basado en el valor del diálogo social en el que todos cedemos”, aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que reconoció el esfuerzo negociador de los agentes sociales. “Han demostrado su compromiso y que están a la altura de la historia de su país en un momento tan complicado como este”, elogió Díaz.

En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reconocía que “todos se han dejado pelos en la gatera”, y ponía al diálogo social como ejemplo del esfuerzo que necesita en este momento el país en todos sus ámbitos.

No le fue fácil al presidente de los empresarios convencer a la cúpula de la CEOE de firmar el acuerdo. El escollo de la condición de mantener el empleo durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE sigue siendo un difícil obstáculo en sectores especialmente castigados por esta crisis.

El principal punto de conflicto ha sido el de la garantía del empleo tras el levantamiento total de los ERTE. La propuesta del Gobierno contempla que las empresas estarán obligadas a mantener el empleo hasta el 31 de diciembre salvo casos excepcionales que eviten el concurso de acreedores. Esto limita mucho la flexibilidad de las empresas para adaptar el volumen de sus plantillas al entorno económico incierto que tendrá lugar durante los próximos meses. En el caso de que quisieran realizar despidos, tendrían que devolver todas las ayudas recibidas, lo que comprende el salario de sus trabajadores y las cotizaciones sociales ahorradas. De ahí la división interna en el seno de la CEOE a esta obligación impuesta por el Gobierno. Para salvar el acuerdo, el Gobierno incluyó como excepción que no se obligará al mantenimiento del empleo en los casos de despidos procedentes, el fin del llamamiento de los fijos discontinuos o la extinción de contratos temporales por expiración de periodo del contrato o por finalización de la obra o servicio.

De esta forma, el Gobierno obtiene luz verde del diálogo social para prorrogar la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. El Ejecutivo quería tener listo el acuerdo para aprobarlo en el Consejo de Ministros extraordinario de este mismo viernes y que así aparezca publicado en el BOE antes de que empiece la fase primera de la desescalada.

Un paso muy importante

Este es un paso muy importante, ya que las ayudas canalizadas a través de los ERTE son la principal medida de protección de rentas habilitada por el Gobierno, ya que tendrá un coste presupuestario superior a los 20.000 millones de euros. El gran reto para todas las partes es que las empresas puedan reabsorber los ajustes de plantilla a medida que se retoma la actividad económica durante la desescalada.

El gran reto para todas las partes es que las empresas puedan reabsorber los ajustes de plantilla a medida que se retoma la actividad económica durante la desescalada

Las medidas acordadas contemplan que los ERTE de fuerza mayor de todas aquellas actividades que no puedan retomarse por las restricciones se mantendrán vigentes, como máximo, hasta el 30 de junio. De esta forma, se desvinculan del estado de alarma, tal y como decretó inicialmente el Gobierno. Estas empresas mantendrán la exoneración del 75% en las cuotas sociales de sus trabajadores y del 100% si la empresa tiene menos de 50 asalariados.

En el caso de las empresas que puedan reabrir con la desescalada, mantendrán un ERTE parcial para una parte de sus plantillas que se irán levantando de forma progresiva, aunque el acuerdo no determina cuantías ni plazos. Así se evitará que tengan que asumir todos los costes salariales de forma inmediata. El Gobierno garantizará incentivos a la recuperación del empleo durante estas semanas manteniendo una parte de las rebajas en las cotizaciones sociales de estos trabajadores. De esta forma, contarán con una exención del 60% de las cuotas devengadas en mayo y del 45% en las de junio para empresas de más de 50 trabajadores. En las de menos de 50 trabajadores, esta exención asciende al 85% en mayo y al 70% en junio.

El acuerdo también contempla que los ajustes de plantilla que se tengan que mantener durante la desescalada sean, preferiblemente, en términos de reducción de jornada, en vez de suspensiones de contrato. En otras palabras, mejor que las empresas recuperen a un mayor porcentaje de su plantilla aunque con menos horas de trabajo, que recuperar a menos trabajadores a jornada completa.

También se prorrogan los ERTE por motivos económicos, organizativos, técnicos o de producción hasta el 30 de junio. También se autoriza a las empresas que han finalizado un ERTE por fuerza mayor, negociar un ERTE de estas causas, cambio importante porque este no cuenta con ayudas en las cotizaciones sociales.

La CEOE ha aprobado, tras un intenso debate interno, la última propuesta acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para ampliar los ERTE durante toda la fase de desescalada. Algunos miembros de la patronal han mostrado sus reservas al acuerdo, pero finalmente ha sido respaldada, aunque se espera que la patronal realice matizaciones al texto.

La CEOE ha valorado el acuerdo en un comunicado en el que reconoce que, aunque el texto final no es el deseado, se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica.

De esta forma, el Gobierno obtiene luz verde del diálogo social para prorrogar la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. El Ejecutivo quería tener listo el acuerdo para aprobarlo en el Consejo de Ministros extraordinario de este mismo viernes y que así aparezca publicado en el BOE antes de que empiece la fase primera de la desescalada.

Ampliación de las medidas

Una vez tomada esta decisión se crea una comisión para evaluar sectores que podrán seguir en ERTE a partir de julio. Ya que otra de las novedades que han acordado Trabajo y agentes sociales es la posibilidad de que los ERTE se puedan extender más allá del 30 de junio en función de las condiciones sanitarias de apertura económica de empresas y territorios.

Para canalizar esta posibilidad se ha creado una comisión tripartita en la que Trabajo, sindicatos y empresarios trabajarán para definir qué sectores y empresas cumplen las condiciones que les permitan ampliar los ERTE.

Aun así, el acuerdo contempla incentivos a la vuelta a la actividad empresarial rebajando la exoneración de las cotizaciones y las cuotas de los trabajadores durante los meses de mayo y junio para los empleados que permanezcan en ERTE y ampliándola para los que vuelvan al trabajo.

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