Desde que el sábado 14 de marzo se decretara el estado de alarma en nuestro país por la crisis del coronavirus, el impacto negativo a nivel económico no ha hecho más que empezar, por eso, desde las entidades responsables del tejido empresarial de nuestro país, se reclaman medidas de apoyo a las empresas para que puedan afrontar este difícil momento.

Aunque el gobierno central ya está trabajando en algunas medidas que conoceremos en breve sobre un plan económico que pueda ayudar a las empresas de cara a la crisis del coronavirus, organizaciones como CEPYME y CEOE ya han reaccionado con comunicados donde solicitan al gobierno un plan de ayuda ante esta situación desesperada. Entre otras peticiones, solicitan “mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo”. 

Los agentes sociales consideran “imprescindible” contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia, así como que los periodos de desempleo que se consuman durante esta supensión no cuenten para futuras prestaciones de desempleo.  Además, piden que ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas.

Por su parte la reacción de las asociaciones de autónomos como ATA (Asociación de Transportistas Autónomos) propone al Gobierno que suspenda la cuota de autónomos durante el tiempo que dure la cuarentena. UPTA (Unión de Profesionales, Trabajadores y Autónomos) pide una moratoria de los pagos de créditos e hipotecas sin cargos adicionales en las cuotas de los meses en los que se alargue esta crisis. También piden que se deje sin efecto los descubiertos por cuestiones relacionadas con los pagos y suministros necesarios para la continuidad del negocio. 

Nuestras peticiones

Desde Aseyacovi nos sentimos en la obligación de solicitar al gobierno municipal la ayuda para los empresarios, comerciantes y autónomos de Colmenar Viejo, y a nivel local hemos pedido que valoren la posibilidad, al igual que lo han hecho otros  Ayuntamientos, de rebajar el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas a fin de que las  pymes sean capaces de garantizar su actividad y mantener el empleo cuando finalice la crisis   del coronavirus.

Así mismo hemos estimado solicitar una moratoria para facilitar el pago del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Tiempos complicados que requieren medidas a la altura

El parón obligatorio de la actividad económica que incluya a los servicios no esenciales, así como la actividad de muchos autónomos, necesita urgentemente ayudas que puedan colaborar a salir adelante a sus respectivos negocios una vez que la crisis del coronavirus nos devuelva a la normalidad. El núcleo común de las propuestas es que ante la inexistencia de ingresos, no se exija ninguna cotización.

En el último consejo de ministros extraordinario, el celebrado el jueves 12 de marzo, el Ejecutivo ya dio luz verde al aplazamiento y fraccionamiento de las obligaciones tributarias para este colectivo por un plazo de seis meses, una medida que calcula supondrá una inyección de liquidez de 14.000 millones de euros. 

Una de las peticiones que hacen las asociaciones de empresarios son “medidas urgentes de índole laboral, en especial la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación”. 

También solicitan los empresarios que se aplacen y fraccionen de “manera automática y sin intereses” todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19. 

A las medidas ya aprobadas, añaden entre sus peticiones la puesta en marcha de una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos. A su lista de reclamaciones, añaden que las administraciones públicas abonen de “inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban” sin agotar los plazos de la ley de morosidad. 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies