Nos reunimos con Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo, a raíz de la moción que el Partido Popular del municipio presentó para crear una Comisión de Investigación sobre la sentencia de El Tagarral y que se aprobó el pasado 30 de enero. A punto de tener una respuesta de la Comunidad de Madrid sobre el pago de la sanción, el PP pretende con esta comisión aclarar a los vecinos el porqué de esta situación.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de El Tagarral, ha supuesto un varapalo para Colmenar Viejo, que debe hacer frente a una sanción de más de 21 millones de euros. Para poder explicar el origen de este conflicto habría que retrotraerse al año 1967 con el Plan Parcial de Ordenación de Soto de Viñuelas. A partir de ese momento y un litigio que se ha ido alargando durante décadas, fueron muchas las decisiones que se tomaron por el camino hasta llegar a este momento. Por ese motivo, y ante la enorme deuda que los colmenareños deben saldar, el Grupo Municipal Popular presentará una moción para la creación de la Comisión de Investigación de El Tagarral.

Acaban de hacer pública la intención de crear una comisión de investigación sobre el asunto de El Tagarral. ¿Con qué objetivo se crea dicha comisión?

Nuestro objetivo principal es conocer lo que ocurrió. Todos hablamos de la deuda millonaria que habrá que pagar por el asunto de El Tagarral, pero nadie conoce el motivo del porqué. Lo que queremos es esclarecer ante la opinión pública por qué vamos a tener que pagar cerca de 25 millones de euros por esa sentencia, y conocer qué motivación política llevó en el año 1987 a transformar un suelo que era urbano en no urbano cuando había unos precedentes legales con una sentencia del Tribunal Supremo del año 1975 que daba por aprobado un plan parcial y que además en 1992 la sentencia del juzgado dice que fue el Ayuntamiento de Colmenar Viejo el que no puso pegas al desarrollo urbanístico con suelos aptos para la construcción. Alguna justificación habría para ir en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, para saltarse dicha sentencia y cambiar el uso del suelo perjudicando los intereses de los propietarios que tenían la posibilidad de poder construir.

¿En qué puede ayudar el dictamen con las conclusiones a las que se pretende llegar?

Nos puede ayudar a entender por qué tenemos que pagar esos 21 millones de euros, y queremos llegar a entender la decisión que se tomó en su momento hasta llegar a esta consecuencia derivada de dicha decisión.

¿Cuál es la actitud del resto de grupos municipales ante la creación de esta comisión de investigación?

Aún no la conozco hasta que tenga lugar su debate, pero entiendo que estarán todos de acuerdo, y poner luz a esa decisión que se tomó nos va a beneficiar a todos y lograremos conocer realmente qué es lo que ocurrió.

¿Hay una necesidad por parte de los vecinos de Colmenar de recibir una explicación ante esta situación?

Yo creo que sí, porque al final es algo que va a costar en torno a los 500 euros a cada vecino, y por ese motivo hemos tenido que suspender las inversiones previstas para este año por culpa de esta sentencia. Es un asunto que nos afecta a todos y su esclarecimiento es necesario.

¿En qué situación se encuentra en este momento el municipio respecto a las sanciones a las que se tiene que hacer frente?

Estamos conociendo el expediente a fondo para llegar a poder pactar con la Comunidad de Madrid, ya que ella en 2014 hizo frente a la sentencia, una forma de pago que no afecte gravemente los intereses del municipio. Si mañana tuviéramos que hacer frente al 100% de la deuda supondría un colapso muy grande para el municipio.

¿Qué ocurriría en el peor de los casos, si hubiera que hacer frente a la deuda con un pago único de toda la sanción?

Si no hubiese un calendario eso afectaría gravemente a todos los servicios, ya que llegado ese momento tendríamos que acudir a un banco para solicitar un préstamo de 21 millones de euros, porque la ley actual no nos permite usar el remanente del que disponemos, y pedir un préstamo supondría tener que pagar entre 2 y 3 millones de euros al año y ese dinero, a su vez, habría que sacarlo de algún lado. Ese escenario supondría un importante agravio en los servicios públicos básicos que se sirven en el día a día.

¿Se ha hecho una previsión para esta posibilidad en cuanto a los servicios que se podrían ver afectados?

Nosotros confiamos en que se va a llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, creemos que su voluntad es la de llegar a un acuerdo. Ellos son conscientes de las dificultades que supondría para un Ayuntamiento hacer frente al pago total inmediatamente, porque nos conduciría al colapso total y la consiguiente intervención, porque no tendríamos capacidad para hacer frente a la deuda.

¿Hay una fecha próxima para las reuniones con la Comunidad de Madrid?

Aún estamos recopilando toda la información, pero también afecta a Tres Cantos, que hasta el mes de febrero no recibirá su sentencia, entonces será cuando podamos ponernos a negociar. Ahora mismo hemos pedido un incidente de nulidad de la sentencia al Tribunal Supremo porque queremos incidir en que existe una sentencia del Tribunal Superior anterior que hacía un reparto distinto al que hace el actual, que pasa por que la Comunidad de Madrid debería pagar el 50% y los Ayuntamientos de Colmenar y Tres Cantos un 25% cada uno, en tanto en cuanto en 1987 las dos administraciones, una autonómica y otra municipal, y aunque luego se hayan segregado sigue siendo una unidad para el reparto de la deuda.

¿Hubo en algún momento una previsión respecto a una sentencia no favorable al municipio?

Previsión siempre ha habido, porque sabíamos que llegaría la sentencia, pero sobre todo se ha trabajado es en intentar llegar a un acuerdo para pagar nuestra parte, de hecho, se ofrecieron suelos y servicios, se recurrió el Plan General de Tres Cantos para que en él se contemplara este problema, pero esos intentos nunca fructificaron. Desde el Ayuntamiento de Colmenar siempre hemos defendido nuestros intereses.

Lamentablemente no podíamos actuar por nuestra parte debido a que era una deuda solidaria y nunca llegamos a un acuerdo entre las tres partes y se han agotado todas las vías judiciales y todos los recursos posibles para intentar salvarnos de la deuda.

¿Cómo va a verse reflejado este hecho en los presupuestos de 2020?

Ahora mismo lo que se ha decidido es eliminar todas las inversiones ya que en un principio incluían 50 millones de ingresos y 50 millones de gastos, y los 2 millones que estaban presupuestados para inversiones se han quedado paralizados hasta que lleguemos a un acuerdo. Ese será el momento para reactivar los proyectos, todos los que se puedan ejecutar este año se pondrán en marcha, y los que no habrá que repartirlos para el resto del mandato según se puedan ejecutar.

En la fórmula de pago que se proponga ¿existe la posibilidad de concesiones de terreno u otra forma que no se exclusivamente económica?

Ahora mismo no es una opción que valoremos básicamente porque sería una cantidad de suelo enorme, y la experiencia nos dice que cuando tú vendes una parcela que pertenece al patrimonio municipal del suelo, normalmente el importe que recibes es mayor que el de libros, entonces, en caso de se pudiera tener esta opción, venderíamos una parte del patrimonio del suelo para hacer frente a la deuda y no compensar con suelo, porque al final el beneficiado sería la Comunidad de Madrid, que luego podría enajenar ese suelo y obtendría un beneficio mucho mayor.

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